Destrucción de mercancías falsificadas

    destrucción mercancías falsificadas

    Destrucción de mercancías falsificadas

    Los derechos de propiedad industrial nacieron como un mecanismo de protección para las marcas. Mediante el registro de sus patentes, productos y diseños en la Oficina Española de Patentes y Marcas, estas adquieren total control sobre la utilización y comercialización de los mismos. Eso implica no solo la propia capacidad de usarlas y explotarlas económicamente, sino también la capacidad de prohibir a terceros dichas acciones. Una estrategia destinada a proteger a las empresas frente a las usurpaciones, los plagios y los productos falsificados.

    Sin embargo, estas medidas protectoras no son mágicas. Alrededor de todo el mundo existen fábricas donde se producen diariamente todo tipo de falsificaciones de productos oficiales. Productos que terminan llegando a los diferentes países y causando daños morales y económicos a las marcas originales. No en vano, y según la Oficina Europea para la Propiedad Intelectual, las empresas europeas más innovadoras pierden 56.000 millones al año a causa de la comercialización de falsificaciones de sus productos. Una auténtica tragedia económica.

     

    Los productos falsificados

    Las cifras proporcionadas por la Oficina Europea para la Propiedad Intelectual son todavía más duras en el caso de España. Aquí, el impacto de las falsificaciones sobre la economía de las empresas asciende hasta el 10,6% de las ventas de las mismas, lo que equivale a más de 6.700 millones de euros. Un fenómeno producido por mafias habitualmente ubicadas en países extranjeros, pero cuyos productos falsificados penetran en nuestro país. Los consumidores, muchos de manera conscientes y muchos otros engañados, los consumen.

    Prácticamente todos los sectores retail sufren las consecuencias de los productos falsificados. Pero hay varios sectores que son mucho más castigados que el resto. Son, y de nuevo según la Oficina Europa para la Propiedad Intelectual, los sectores de la moda textil, de los smartphones, de los productos químicos agrarios, de los vinos y bebidas alcohólicas, de los fármacos, de la joyería, de la música, de los juguetes y juegos, del material deportivo y de los cosméticos. Muchos de estas falsificaciones no son solo un fraude, sino también una amenaza.

     

    ¿Qué se hace con la mercancía falsificada?

    Las falsificaciones no tienen únicamente un impacto económico en las marcas. Después de todo, nadie garantiza que la persona que adquirió una falsificación por ser más barata estaría dispuesta a comprar la original en caso de no existir la imitación. Sin embargo, estos productos falsos producen otro tipo de daños para las compañías. Daños a la reputación, daños a la percepción de la marca, daños fiscales… Por eso es necesario implementar las medidas correspondientes de lucha contra los productos falsificados.

    Medidas que tienen que ver con la contención, pero también con la destrucción de mercancías falsificadas. Ese trabajo corresponde al titular del derecho de propiedad intelectual sobre los productos falsificados. Será este, y no el control aduanero, quien corra con los gastos de destrucción de la mercancía. Un procedimiento necesario para sacar dichos productos de circulación. Y un procedimiento que tiene lugar siempre que el titular de derecho intelectual y el titular de las mercancías lleguen a un acuerdo.

    En caso de desacuerdo, el titular del derecho de propiedad intelectual deberá interponer una denuncia a través del juzgado correspondiente contra el titular de las mercancías. En esos casos, las mercancías falsificadas quedan a disposición judicial. En cualquier caso, y siempre que unos productos sean declarados oficialmente como falsificaciones, es recomendable la destrucción de los mismos. Es esa destrucción de mercancías la que mantendrá protegida su marca. Esa esa destrucción profesional la que le ahorrará muchas pérdidas.