Ley LISMI

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    Ley LISMI

    La ley LISMI, cuyo nombre oficial es Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, es una norma jurídica estatal española que dicta que todas las empresas españolas o extranjeras asentadas en territorio español con una plantilla superior a los cincuenta trabajadores, debe posee una «cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad» de un 2% de la misma. En otras palabras: un 2% del equipo tiene que estar ocupado por personas con una discapacidad igual o mayor al 33%.
     
     

    Principios de la Ley LISMI

    Existen dos principios de la Ley Lismi principales. Por un lado, garantizar la integración socio-laboral de las personas con discapacidad. Esto resulta importantísimo tanto para sus vidas como para la sociedad global e igualitaria a la que aspiramos. Por otro lado y estrechamente conectado con esto, garantizar la realización y el bienestar individual de estas personas. Unas personas que deberán contar con certificados oficiales de minusvalía expedidos por los órganos de administración públicos designados.
     
     

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    Cómo cumplir Ley LISMI

    Para cumplir con la Ley Lismi, las empresas que alcancen los cincuenta trabajadores deben reservar hasta el 2% del equipo a personas con discapacidad igual o mayor al 33%. Según la definición oficial, se comprende por persona con discapacidad a «toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidad físicas, psíquicas o sensoriales».
     
    Sin embargo, la propia normativa contempla excepciones en las que las empresas no pueden contratar a las personas con discapacidad y, en consecuencia, no pueden cumplir con lo establecido en la misma. Para esos casos existen medidas alternativas que deben ser solicitadas al Gobierno Autonómico o al Ministerio de Empleo. Entre ellas, encontramos la contratación de un trabajador autónomo con discapacidad, la donación económica a entidades sin ánimo de lucro para discapacitados o la constitución de un enclave laboral.
     
     

    ¿Qué ley sustituye a la LISMI?

    Como ya hemos indicado la ley LISMI fue aprobada en el año 1982. Lógicamente, dado que ha llovido mucho desde entonces, algunas de las estipulaciones presentes en las mismas quedaron fuera de lugar. De ahí que, en el año 2014, y con la finalidad de actualizar la legislación vigente, entrara en vigor la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, más conocida popularmente como la Ley General de Discapacidad o LGD, la norma jurídica reinante actual.

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    Cómo se llama la Ley LISMI actualizada

    Ley General de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, Ley General de Discapacidad o LGD. Son los tres nombres con los que conocemos a la LISMI actualizada. Una nueva ley que contempla todo un régimen de infracciones y sanciones que garantizan a las personas con discapacidad un desarrollo digno, en condiciones e igualitario. Todas estas leyes tienen en común una misma meta: asegurar que la sociedad no planeta dificultades de acceso a las personas discapacitadas. La discriminación no es una opción.
     
     

    Resumen de la Ley General de Discapacidad

    Un buen resumen de la Ley General de Discapacidad sería el siguiente: una norma jurídica que no amplia las cuantías de las sanciones para las empresas que no reserven ese 2% de plazas laborales a personas con una discapacidad del 33% o más, pero que si amplia las consideraciones de lo que significa la discriminación. Es un signo muy positivo de nuestros tiempos: que seamos capaces de entender como discriminación cosas que, si bien siempre lo fueron, no solíamos entenderlo como tal.