01 Ago Protección de datos en la Administración Pública
La protección de datos en la administración pública es obligatoria. Es fundamental que las instituciones públicas adopten medidas adecuadas para garantizar la privacidad y protección de los datos personales que manejan.
Cómo se gestiona la protección de datos en el sector público
La gestión de la protección de datos en el sector público es una tarea fundamental para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales que manejan las Administraciones Públicas. A continuación, se detallan los principales aspectos a tener en cuenta en esta materia:
- Normativa aplicable: las Administraciones Públicas deben cumplir con la normativa de protección de datos personales, en especial con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD). Además, deben tener en cuenta la Ley protección de datos AAPP específica que afecte a su ámbito de actuación.
- Encargado del tratamiento: las Administraciones Públicas pueden designar a un encargado del tratamiento de los datos personales, que será responsable de realizar las tareas de tratamiento de datos encomendadas por la Administración, siempre siguiendo las instrucciones y normas establecidas por esta.
- Registro de actividades de tratamiento: las Administraciones Públicas deben mantener un registro de las actividades de tratamiento de datos personales que llevan a cabo, donde se describan las finalidades del tratamiento, las categorías de datos tratados, las medidas de seguridad adoptadas, entre otros aspectos.
- Evaluación del impacto: las Administraciones Públicas deben realizar una evaluación de impacto en la protección de datos personales cuando el tratamiento de datos entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.
- Medidas de seguridad: las Administraciones Públicas deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, evitando su pérdida, destrucción, alteración o acceso no autorizado.
- Comunicación de brechas de seguridad: las Administraciones Públicas deben notificar las brechas de seguridad que afecten a los datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y, en su caso, a los afectados.
- Formación y concienciación: las Administraciones Públicas deben formar y concienciar a su personal en materia de protección de datos personales, para garantizar el correcto tratamiento y protección de los datos que manejan.
Requisitos para la aplicación de la LOPD y el RGPD en la Administración Pública
Los requisitos para la aplicación del rgpd administración pública y la lopd administración pública son:
Derechos de los ciudadanos
Las entidades públicas deben garantizar el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de los ciudadanos sobre sus datos personales. También deben proporcionar información clara y transparente sobre el tratamiento de los datos personales.
Derechos digitales
Las entidades públicas deben respetar los derechos digitales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la seguridad de la información.
Adaptación de la recogida de datos
Las entidades públicas deben adaptar sus procesos de recopilación de datos para garantizar que la información recopilada sea relevante, precisa y actualizada. Deben evitar la recopilación de datos innecesarios o excesivos. Al igual que conocer los plazos de conservación de los documentos administrativos, para evitar almacenar la información más tiempo del permitido.
Consentimiento ciudadano expreso
Las entidades públicas deben obtener el consentimiento expreso de los ciudadanos para recopilar, almacenar y utilizar sus datos personales. El consentimiento debe ser específico, informado y libremente otorgado.
Encargados del tratamiento
Las administraciones públicas deben seleccionar cuidadosamente a los encargados del tratamiento que procesen datos personales en su nombre. Deben asegurarse de que los encargados del tratamiento cumplan con los requisitos de la LOPD y el RGPD.
Nombramiento de un delegado
Las entidades públicas deben nombrar a un delegado de protección de datos para garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de protección de datos. El delegado de protección de datos debe ser una persona independiente y experta en la materia.
Enumeración de las actividades de tratamiento
Las entidades públicas deben llevar un registro de las actividades de tratamiento de datos personales que realizan. Este registro debe incluir información detallada sobre los procesos de recopilación, almacenamiento y uso de datos personales.
Análisis de riesgos
Las administraciones públicas deben realizar una evaluación de riesgos para identificar los riesgos potenciales asociados al tratamiento de datos personales. Deben implementar medidas de seguridad adecuadas para mitigar estos riesgos.
Evaluación del impacto
Las AAPP deben realizar una evaluación de impacto en la privacidad para identificar los riesgos y efectos potenciales de los procesos de tratamiento de datos personales. Deben implementar medidas adecuadas para mitigar estos efectos.
Esquema Nacional de Seguridad
La Administración Pública debe cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, que establece una serie de medidas de seguridad y privacidad para la protección de los datos personales en la Administración Pública.
Bloqueo de datos
La Administración Pública debe bloquear los datos personales cuando ya no son necesarios para la finalidad para la que se recogieron, pero no se pueden eliminar por obligación legal o contractual. Durante el bloqueo, los datos solo pueden ser accesibles por las autoridades competentes o para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
Videovigilancia
Si la Administración Pública utiliza sistemas de videovigilancia, debe cumplir con la normativa específica de protección de datos en este ámbito. Debe informar a los ciudadanos sobre la existencia de las cámaras, la finalidad del tratamiento y la duración de la conservación de las imágenes, y garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
¿Se necesita consentimiento para la cesión de datos entre AAPP?
En general, la cesión de datos entre administraciones públicas no requiere de un consentimiento previo por parte de los ciudadanos. Esto se debe a que las administraciones públicas (AAPP) tienen la obligación legal de colaborar y comunicar información para cumplir con sus funciones y obligaciones legales.
No obstante, es importante tener en cuenta que la cesión de datos entre AAPP debe realizarse de forma segura y cumpliendo con la normativa de protección de datos personales, en especial con lo establecido en la Ley protección de datos AAPP. Esto implica que se deben adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que se intercambian, así como asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos en todo momento.
Cómo protege la Ley de Protección de Datos a los funcionarios públicos
La ley de protección de datos funcionarios públicos contempla:
Derecho a la intimidad
La lopd administración pública establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y a la intimidad en el tratamiento de los mismos. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen derecho a que se respete su intimidad en el manejo de sus datos personales.
La lopd administración pública también establece que los datos personales solo se pueden recopilar y procesar con el consentimiento del titular de los mismos. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen derecho a dar o negar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
Datos de los empleados
La protección de datos sector publico establece que los empleadores deben informar a sus empleados sobre el tratamiento de sus datos personales y los fines para los que se utilizan. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen derecho a saber qué datos personales se recopilan sobre ellos y para qué se utilizan.
La protección de datos en la administración pública también establece que los empleados tienen derecho a acceder a sus datos personales y a solicitar su rectificación o cancelación en caso de que sean inexactos o no se utilicen de acuerdo con los fines previstos. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen derecho a acceder a sus datos personales y a solicitar su corrección o eliminación si es necesario.
Las administraciones públicas al final trabajan con una gran cantidad de datos sensibles, por lo que es importante que manejen y desarrollen un proceso de destrucción de documentos confidencial efectivo. Si no pueden encargarse de esta labor, en muchas ocasiones externalizan el servicio para poder descongestionar el flujo de trabajo.